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Implacable persecución de Pinochet a docentes que pedían democracia

Por Mauricio Weibel (dpa)

La implacable persecución de profesores y maestros en Chile durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) se basó en una estrategia sistemática que incluyó el seguimiento preventivo a todo aquel docente que quisiera trabajar en liceos públicos, como consta en miles de archivos secretos de ese régimen revisados por dpa.

pinochet1“Como estos antecedentes son estrictamente confidenciales, no pueden ser puestos en conocimiento del afectado”, escribió por ejemplo el 2 de abril de 1984 el viceministro de Educación Pública, René Salamé, al decidir la exoneración del profesor Víctor Lucero.

El docente, como otros miles, fue impedido de ejercer su trabajo en el Instituto Nacional por expresar ideas opositoras, en su caso ligadas a la Democracia Cristiana, según la ficha de antecedentes políticos de la policía secreta, organizada entonces como la CNI.

La operación consideró la intervención directa de los ministros de Educación de la dictadura, los jefes de la Oficina de Seguridad de esa repartición y la propia y otrora temida policía secreta, organizada primero como la DINA y luego como la CNI.

Los seguimientos y revisiones metódicos y estandarizados de antecedentes de profesores comenzaron el 20 de febrero de 1975, cuando el propio Pinochet ordenó en oficio secreto que la DINA debía autorizar cualquier contratación en el Estado.

La norma, vigente hasta el final del régimen en 1990, fue ampliada y detallada en sucesivos oficios y memorandum de los ministerios de Interior y Educación, a los que ahora tuvo acceso dpa.

El primer oficio secreto encontrado en que un profesor es separado de su cargo por antecedentes negativos data del 15 de febrero de 1983 y afectó al docente Roberto Huenchulao de la Región del Biobío, al sur de la capital.

La medida es analizada por la Intendencia (gobernación) de la zona donde vivía Huenchulao, además de los ministerios de Interior y Educación, como consta en los documentos.

La persecución afectó a profesores de las grandes áreas urbanas del país, como Santiago, Concepción o Valparaíso, así como de localidades rurales como Punitaqui o Limarí, como muestran oficios secretos de los años 1982 a 1988.

Una minuta del Ministerio de Educación del 19 de enero de 1987 dejó además constancia de un diálogo de autoridades de esa institución con el propio Pinochet.

“(Pinochet) deseaba conocer la cantidad aproximada de profesores involucrados (exonerados). Según nuestros datos, al momento la cifra bordeaba los 8.000”, reseño la Dirección de Educación al ministro de esa repatriación.

Cercados laboralmente, algunos profesores con antecedentes negativos en la policía secreta optaron por entregar pruebas de que estaban “rehabilitados” de sus creencias políticas ligadas indistintamente a la Democracia Cristiana o el Partido Comunista, todos en la oposición.

Las garantías de esta “reinserción”, cuya validez fue analizada en persona por los sucesivos ministros de Educación, fueron a menudo los testimonios de funcionarios de gobierno o militares amigos de los docentes sancionados.

“Un alto funcionario de este Ministerio que conoce a la profesora Luz Villarino da fe de su postura política favorable al gobierno”, escribió el propio ministro de Educación de 1987, Sergio Gaete, en el oficio reservado 177.

La intervención de la dictadura en la educación no sólo implicó la persecución a miles de profesores, sino el traspaso de todos los liceos públicos a los municipios o privados.Pinochet

En la actualidad, producto de la mantención de esas políticas en democracia, sólo un 36 por ciento de la matrícula escolar es suministrada en Chile por el Estado, a través de los municipios.

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