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Maltrato a adultos mayores y personas con discapacidad en el transporte público debe terminar

Prensa Defensoría de los Habitantes

La Defensoría de los  Habitantes  puso en conocimiento de las nuevas  autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la deuda que aún sostiene el Consejo de Transporte Público (CTP), con las personas con discapacidad y adultas mayores.

TERCERA EDADEn un señalamiento reciente, la Defensoría  pidió una  intervención urgente del MOPT para atender las demandas de estas poblaciones, las cuales no son nuevas ya que la  institución ha venido abogando desde hace años para que de una vez por todas se salde esta deuda.

Entre los asuntos considerados por la Defensoría como prioritarios destacan:

Cumplimiento de la Ley 7600 y Accesibilidad del Transporte Público. En el año 2006, se reformó la Ley N° 7600, ampliando el plazo a las empresas de transporte público para cumplir con las normas técnicas sobre discapacidad; fijándose el año 2014 como meta para que la totalidad de la flota sea totalmente accesible. Pese a que los autobuseros afirman que cumplen con los requerimientos, son constantes las denuncias presentadas ante la Defensoría por falta de rampas, o porque se encuentran en mal estado, o por el mal trato de los conductores cuando se les solicita el uso de las rampas.

Las respuestas del Consejo de Transporte Público, debido a los cuestionamientos de la Defensoría,  han sido displicentes,  lentas y no satisfacen el interés de las y los usuarios con discapacidad, limitándose a canalizar las denuncias ante las empresas sin ejercer el deber de supervisión, inspección y sanción que corresponde ante las reiteradas quejas contra algunas empresas.

Es de suma preocupación  para la Defensoría  que para este año 2014 el CTP renovará las concesiones de transporte público, sin verificar que estén cumpliendo los requerimientos de accesibilidad. Por lo tanto, es necesario que el MOPT, en acatamiento a la Ley 7600, condicione la renovación de las concesiones al cumplimiento de los requerimientos de accesibilidad.

Por otra parte, la Defensoría ha recibido varias quejas debido a que algunos taxis para personas con discapacidad no tienen las Defensoria-CTPcondiciones ni las medidas que se requiere para el traslado de las sillas de ruedas, y que para que el usuario vaya sentado cómodamente. En consecuencia, resulta necesario verificar que los taxis para personas con discapacidad reúnan las características técnicas necesarias para trasladar a estas personas sin ocasionarles incomodidades y ningún daño a sus sillas.

Maltratos a personas adultas mayores. Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 7936 de exoneración tarifaria reconocida a la población adulta mayor en el uso del transporte público, la Defensoría se ha mantenido vigilante de su aplicación e inicialmente le planteó al MOPT las implicaciones para su debido cumplimiento. Correlativamente, el incumplimiento de este derecho por parte del sector transportista es una constante, dadas las múltiples quejas recibidas sobre las debilidades e insuficiencia de los mecanismos de control instaurados por los empresarios que, en la actualidad se han convertido en instrumento de maltrato hacia esta población, bajo las diversas formas utilizadas para reducir la posibilidad de que las personas hagan uso del rebajo del pasaje de autobús otorgado (retención de cédulas, transportar un número determinado de personas por día).

A esto se suma la desidia mostrada por la falta de diligencia y celeridad del Consejo de Transporte Público en la atención y resolución de las denuncias presentadas por las personas mayores.  De tal modo que la Defensoría  ha tenido que recurrir a plantear estrategias alternativas en procura de una respuesta más ágil y efectiva, en razón del procedimiento seguido por el Departamento de Inspección y Control (DIC) que reproduce el maltrato acusado por las personas denunciantes, pese a las recomendaciones formuladas por la Defensoría sobre la necesidad de revisar y modificar la metodología empleada a efecto de llevar a buen término los procesos administrativos.

En este sentido, la Defensoría ha recomendado que la acción del CTP vaya más allá del simple traslado de denuncias al DIC y de este a las empresas autobuseras, con el fin de establecer un plazo razonable para que se realicen las valoraciones e inspecciones necesarias conforme con el procedimiento administrativo.

Por su parte, la Dirección Técnica y la DIC deben realizar un estudio sobre el estado de casos pendientes y las razones que motivan su déficit de resolución, para que, en el menor tiempo, se cumpla con el deber de informar a las y los habitantes, sobre el estado de su reclamo y la resolución definitiva, así como a esta Defensoría, dado que el plazo de dilación es superior a lo razonable violentando abiertamente el mandato constitucional de justicia administrativa pronta y cumplida.

Espacios en los parqueos para el estacionamiento de automóviles que transportan personas con discapacidad. Según dispone el artículo 43 de la Ley N° 7600 “los establecimientos públicos y privados de servicio al público, que cuenten con estacionamiento, deberán ofrecer un cinco por ciento (5%) del total de espacios destinados expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten”. Agrega esta norma que “esos vehículos deberán contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes”.

Lamentablemente, no se ha emitido ninguna normativa que regule la expedición de la referida identificación, razón por la cual mediante una resolución de la Defensoría de los Habitantes se le recomendó al MOPT: “Determinar la instancia de ese Ministerio y el procedimiento a seguir para otorgar una identificación que permita a las personas con discapacidad hacer uso de los espacios reservados en los estacionamientos”. Pese a que se han realizado algunas reuniones para tratar de encontrar una solución práctica y viable a este asunto, a la fecha no se ha logrado determinar el departamento del MOPT que podría expedir el dispositivo de identificación para parquearse en espacios para vehículos de personas con discapacidad.

Para finalizar, la Defensoría hace un llamado a las nuevas autoridades del  Ministerio, como  ente rector de transporte público, para que se reivindiquen los derechos de las personas con discapacidad y adultas mayores, tal y como lo establece la legislación de protección especial establecida a su favor, que marca no sólo la  vocación de servicio de esa instancia pública, sino además la participación activa de esta población en igualdad de oportunidades, según sus condiciones específicas.

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