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¿Quién puede denunciar un delito?

Artículo escrito por Licda. Ana Isabel Solís ZamoraAna Isabel Solis Zamora

Letrada de Sala III Corte Suprema de Justicia

 

 

LeyesUn delito puede ser denunciado por cualquier persona.  Sin embargo, hay delitos que se llaman de instancia privada o de acción privada, los que sólo pueden ser denunciados por sujetos específicos.   ¿cómo se sabe cuáles son estos delitos? La respuesta se encuentra en la ley.  El Código Procesal Penal, en su artículo 18, define cuáles son los delitos que dependen de la denuncia de la víctima, entre los que se encuentran el contagio de enfermedad y la violación de una persona mayor de edad que se encuentre en pleno uso de razón, las agresiones sexuales, no agravadas ni calificadas, contra personas mayores de edad, las lesiones leves y las culposas que no tengan origen en un accidente o hecho de tránsito, el abandono de personas, la ocultación de impedimentos para contraer matrimonio, la simulación de matrimonio, las amenazas, la violación de domicilio y la usurpación, el incumplimiento del deber alimentario o del deber de asistencia y el incumplimiento o abuso de la patria potestad, y cualquier otro delito que la ley indique que requiere la denuncia de la víctima.  Se excluye de esta categoría todo delito cometido contra una persona incapaz o un menor de edad, que no tenga representación, o cuando lo haya realizado uno de los parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, el representante legal o el guardador.  Esto es el reflejo de la especial protección que ejerce el Estado sobre las personas vulnerables o que se encuentren en una situación de desigualdad frente a un representante legal o un pariente que cometa un delito en su contra.  En estos casos, cualquier persona puede denunciar, y el Ministerio Público puede investigar el hecho.

Ahora bien, los delitos de acción privada son los que se ejecutan contra el honor, la propaganda desleal y cualquier otro que la ley catalogue como tal, según lo establece el artículo 19 del Código Penal.

¿Quién es la víctima en el proceso penal?

Para ello, acudimos al artículo 70 del Código Procesal Penal, el cual indica:

“Serán consideradas víctimas:

  1. La persona directamente ofendida por el delito.
  2. El cónyuge, la persona conviviente con más de dos años  de vida en común, el hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido.
  3. Las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos que afecten a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.
  4. Las asociaciones, fundaciones y otros entres que tengan carácter registral, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses. “

Esta norma pretende dar la posibilidad a las personas que detalla, de poder denunciar frente a la existencia de un delito, sin que el sistema penal les ponga trabas en su participación durante el proceso.  Lo anterior significa que si una persona es víctima de un delito, podrá denunciarlo ante las autoridades judiciales, lo que tiene como consecuencia una serie de derechos y de deberes frente a la investigación.  Esta situación ha variado significativamente, pues es hasta la implementación del Código Procesal Penal en enero de 1998, que se reconoce la preeminencia de la víctima dentro del proceso, ya que con anterioridad, a algunos de ellos no se les daba esta participación, o sólo se les permitía ser parte con la instauración de una acción civil resarcitoria, lo que se lograba sólo a través de la contratación de un profesional en derecho.  En la actualidad, esto es diametralmente distinto.

Como se dijo, las personas directamente ofendidas por el delito, los parientes por afinidad o por consanguinidad de un ofendido que ha muerto a raíz de un delito, los miembros de personas jurídicas y otras entidades de carácter colectivo, tienen derechos y deberes dentro del proceso.  Pueden constituirse como querellantes públicos o privados, dependiendo si la acción es pública o privada.  Se conoce cuándo se habla de un delito de acción privada según lo que diga el artículo 19 del Código Procesal Penal, y se refiere a los delitos contra el honor, la propaganda desleal y los que la ley indique como tales (por ejemplo, los de infracción a los derechos de autor).  Son delitos de acción pública todos los demás.  ¿Por qué se hace esta distinción? Porque el tipo de acción nos hace saber si el Ministerio Público actúa o no como acusador y director de la investigación.  Por ello, puede concluirse que el Fiscal sólo interviene llevando adelante todo lo relacionado con el delito, cuando se trata de acción pública.  Ahora bien, retomando la posición de la víctima como querellante, debe dejarse claro que esto significa que dicha persona –física o jurídica- tiene casi las mismas potestades que el Ministerio Público en el proceso.  Ahora bien, aunque en los delitos de acción pública el Fiscal es quien tiene a cargo la investigación a través de la dirección funcional que ejerce sobre la Policía Judicial, cuando una víctima se constituye un querellante, ésta puede actuar de forma conjunta, recurriendo resoluciones, solicitando prueba, acudiendo a diligencias, etc..

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