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El aborto divide al gobierno y al partido de Rajoy

Por Sara Barderas (dpa)

alberto-ruiz-gallardonAlberto Ruiz-Gallardón era visto hasta hace no mucho como un progresista dentro del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. En sus tiempos como jefe del gobierno regional de Madrid y como alcalde de la capital española lo votaba incluso gente de izquierda. Pero la reforma del aborto que prepara como ministro de Justicia lo coloca ahora, para sorpresa de muchos, en el ala más dura de la formación.

“Ya no toca ser el progre del PP, ¿eh?. Estamos en otra etapa”, le espetó la número dos del Partido Socialista (PSOE), Elena Valenciano, en medio del debate que ha abierto. Gallardón, el mismo que levantó ampollas en el Partido Popular (PP) al defender el matrimonio homosexual y al que el sector más conservador de la formación no miró con buenos ojos, ha virado en su imagen progresista en cuestiones sociales y, en el tema del aborto, se alinea ahora con sectores ultraconservadores.

Defiende limitar e incluso eliminar el aborto por malformación del feto, algo que según dice supone una “discriminación por razón de discapacidad”.

Con esta posición, el ex alcalde de Madrid, de 54 años, se sitúa junto a quienes arremeten contra lo que califican de “aborto eugenésico” y junto a miembros de su partido encuadrados en la esfera del Opus Dei.

Es el caso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el mismo que la semana pasada, en medio del debate y la polémica abiertos por Gallardón, comparó el aborto con ETA.

De la reforma que prepara Gallardón no se sabe más que lo que él mismo dice. Y sus palabras irritan a la izquierda y a los sectores sociales que defienden el aborto como un derecho de la mujer.

El ministro ha abierto también un cisma en su propio gobierno y en el PP, en el que sectores más liberales que no ven bien su posición. Algunos, como la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, o el portavoz adjunto en esa cámara, Rafael Hernando, lo han dejado claro en público. Otros lo dicen a la prensa bajo condición de anonimato.

La reforma del aborto “es un asunto que está debatiéndose dentro del gobierno, y cuando tomemos una decisión, la daremos a conocer y la explicaremos al conjunto de la opinión pública”, dijo Rajoy el lunes, admitiendo lo que la prensa llevaba días reflejando: una brecha interna en el Ejecutivo y en el partido que lo sustenta que puede hacer que la nueva ley tarde aún tiempo en llegar, pese a la presión de Gallardón por sacarla en breve.

De llevarse a cabo esa reforma como defiende el ministro, España retrocedería más de dos décadas, advierten los expertos. Las mujeres que quieran abortar por malformación del feto se verán obligadas a viajar a otros países para poder hacerlo, como hace más de 25 años. En España se practican unos 110.000 abortos anualmente. De ellos, en 2011 hubo 3.200 por malformación fetal, un 3 por ciento del total.

Ahora mismo, las mujeres pueden abortar en España durante las primeras 14 semanas de embarazo sin tener que alegar motivos. En caso de riesgo grave para la vida o la salud de la mujer o el feto pueden hacerlo hasta la semana 22. Y si se detectan en el feto enfermedades muy graves, incurables o incompatibles con la vida, el aborto se puede practicar en cualquier momento del embarazo.

Así lo establece la ley que impulsó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que cuando entró en vigor en 2010 situó a España en línea con la mayoría de los países europeos. Hasta entonces, el aborto había sido un delito por el que las mujeres y los médicos que lo practicaran podían ir a la cárcel. Solo en tres casos no estaba castigado, en virtud de una ley de 1985, la primera sobre el aborto en España tras 40 años de dictadura: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto.

La reforma de la ley de Zapatero se daba por segura desde que Rajoy ganó los comicios de 2011 con un programa electoral que recogía esa intención, pero no daba detalles. Pocos pensaron entonces que la reforma podría ser la que defiende ahora Gallardón, pese a la presión que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ejerce sobre el PP.

El partido recurrió en su día la ley socialista ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado. Uno de los aspectos que más criticaba es que las menores de entre 16 y 18 años pueden abortar sin consentimiento de sus padres. La reforma parecía inclinarse por ahí y por sustituir la ley de plazos de Zapatero por una ley de supuestos como la de 1985. Por pasar de contemplar el aborto como un derecho de la mujer a verlo como un mal aceptado en ciertos casos.

Por eso algunos apuntan a un intento del ministro de Justicia, al que muchas veces se ha situado en la carrera para suceder a Rajoy, de reconciliarse con el ala más dura de su partido. Hay quien habla también de una concesión a la presión de la Iglesia católica. Pero lo cierto es que Gallardón expone al Ejecutivo a un nuevo frente, en un momento en el que está hundido en las encuestas por sus recortes y ajustes, y da alimento a la oposición.

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